Falsificar un documento: qué dice el Código Penal y qué consecuencias tiene

Mucha gente que llega a este delito no se considera "un falsificador". Es la persona que presentó una nómina retocada para que el casero aceptara el alquiler, la que firmó por su pareja un contrato porque "total, ya lo hablamos", la que compró un certificado de estudios en internet para un puesto de trabajo, o la que alteró una fecha en una factura para cuadrar cuentas. En todos estos casos, aunque el objetivo pareciera menor o incluso razonable, el Código Penal habla de un delito de falsedad documental — y en algunos de ellos, de prisión. Esta guía explica qué considera la ley "falsificar" un documento, qué artículos se aplican según el tipo de documento y quién lo falsifica, qué penas prevén, y qué hacer si le están investigando por uno de estos hechos.

Qué se considera "documento" a efectos penales, y por qué la distinción importa

El Código Penal no trata igual la falsificación de un DNI que la de una carta privada, ni la de una escritura notarial que la de un simple recibo entre particulares. La gravedad de la pena depende, en gran medida, de qué tipo de documento se ha falsificado y quién lo ha hecho. La ley distingue cuatro categorías:

• Documento público: el que autoriza un notario o un empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley (escrituras, actas notariales, resoluciones judiciales, certificaciones del Registro Civil o de la Propiedad).
• Documento oficial: el expedido por organismos públicos en el ejercicio de sus funciones (un expediente administrativo, un certificado municipal, una resolución de la Seguridad Social, un DNI o un pasaporte).
• Documento mercantil: el que sirve para acreditar operaciones comerciales o económicas, aunque lo emita un particular (facturas, letras de cambio, pagarés, cheques, contratos mercantiles, libros de contabilidad de una empresa).
• Documento privado: cualquier otro escrito que refleje una declaración de voluntad con relevancia jurídica entre particulares (un contrato de arrendamiento entre particulares sin intervención mercantil, una carta, un documento de compraventa informal, un recibo personal).

La distinción no es académica: falsificar un documento público, oficial o mercantil se persigue de oficio y con penas de prisión desde el primer momento, mientras que la falsedad en documento privado solo es delito si se hace, además, con intención de perjudicar a otro — y, según qué se falsifique, ni siquiera es la misma pena para quien lo comete siendo funcionario público que para quien lo hace como particular.

Qué conductas cuentan como "falsedad" según el Código Penal

El artículo 390.1 CP — la norma matriz de todo este capítulo — enumera las conductas que constituyen falsedad, sea cual sea el documento afectado. No hace falta falsificar un documento entero desde cero: también es delito alterar uno auténtico. En concreto, se considera falsedad:

1. Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial — cambiar una cifra, una fecha, un nombre o una cláusula de un documento que originalmente era genuino.
2. Simular un documento, en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad — crear desde cero un documento que aparenta ser real cuando no lo es.
3. Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a quienes han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho — el caso típico de la firma falsificada: hacer constar que alguien firmó o declaró algo que en realidad nunca hizo.
4. Faltar a la verdad en la narración de los hechos — redactar un documento (por ejemplo, un acta o un informe) con un relato de los hechos que no se corresponde con la realidad.

Firmar en nombre de otra persona sin su consentimiento, aunque sea "por comodidad" o porque se cree que esa persona hubiera estado de acuerdo, encaja de lleno en el tercer supuesto. No hace falta ánimo de estafar a nadie para que exista falsedad: basta con faltar a la verdad sobre quién intervino en el documento.

Falsedad cometida por funcionario público (art. 390 CP): la modalidad más grave

Cuando quien comete alguna de estas conductas es una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones — sobre un documento público, oficial o mercantil, o sobre despachos transmitidos por servicios de telecomunicación —, la ley aplica la pena más severa de todo el capítulo: prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años (art. 390.1 CP). El fundamento es claro: el funcionario está investido de fe pública, y quien abusa de esa posición para falsear un documento oficial defrauda la confianza que la sociedad deposita en la Administración, no solo a la persona directamente afectada.

El propio artículo 390.2 CP contempla además la falsedad cometida por imprudencia grave por parte de una autoridad o funcionario público, con una pena sensiblemente menor (multa de seis a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años), reservada a los supuestos en que no hubo intención de faltar a la verdad pero sí una negligencia grave en el desempeño del cargo.

Falsedad cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil (art. 392 CP)

Este es, en la práctica, uno de los supuestos más frecuentes. Cuando quien altera o simula un documento público, oficial o mercantil no es funcionario público sino un particular — un ciudadano cualquiera, sin cargo oficial —, la pena es menor que la del artículo 390, pero sigue siendo prisión: de seis meses a tres años, más multa de seis a doce meses (art. 392.1 CP).

Aquí encajan situaciones tan cotidianas como falsificar una nómina o un contrato laboral para presentarlo ante un banco o un arrendador, alterar una factura o un albarán mercantil, o modificar la fecha o el contenido de un contrato de compraventa. La ley añade además, en el artículo 392.2 CP, una previsión específica para quien trafica con documentos de identidad falsos — DNI, pasaportes, permisos de residencia — o los facilita a terceros, con penas equiparables.

Falsedad en documento privado (art. 395 CP): solo es delito si hay perjuicio

La falsedad en documento privado tiene un requisito adicional que no exige la falsedad en documento público, oficial o mercantil: la ley solo la castiga cuando se comete para perjudicar a otro (art. 395 CP). Si dos personas alteran de mutuo acuerdo un documento privado sin intención de perjudicar a un tercero — por ejemplo, para reflejar mejor lo que realmente pactaron —, no hay delito, porque falta ese elemento subjetivo específico.

Cuando sí concurre esa intención de perjuicio, la pena prevista es prisión de seis meses a dos años (art. 395 CP), sensiblemente inferior a la del documento público, oficial o mercantil, pero real y con antecedentes penales asociados. Es el supuesto de la firma falsificada en un contrato de alquiler entre particulares, la alteración de un recibo o de un documento privado de compraventa, o la falsificación de una carta o de un acuerdo escrito para perjudicar a la otra parte.

El delito de uso de documento falso (arts. 393 y 396 CP): también es delito aunque no lo haya falsificado usted

Uno de los aspectos que más sorprende a quien se enfrenta a una acusación de este tipo es que no hace falta haber falsificado el documento para cometer delito. La ley castiga de forma autónoma a quien, a sabiendas de que un documento es falso, lo presenta en juicio o lo usa para perjudicar a otro, aunque no haya participado en su falsificación original.

• Art. 393 CP: uso de documento falso público, oficial o mercantil — por ejemplo, presentar ante un banco o una administración una nómina o un certificado que se sabe falso, aunque lo haya falsificado un tercero. La pena es la inferior en grado a la señalada para los falsificadores.
• Art. 396 CP: uso de documento privado falso, en las mismas condiciones que exige el artículo 395 (perjuicio a un tercero). También se castiga con la pena inferior en grado a la de los falsificadores.

El elemento clave para que exista este delito es el conocimiento: hace falta actuar "a sabiendas" de que el documento es falso. Presentar de buena fe un documento que resulta ser falso sin que usted lo supiera no encaja en este tipo penal — aunque, en la práctica, acreditar ese desconocimiento suele ser una parte central de la defensa.

Falsificación de certificados (art. 399 CP)

Los certificados —médicos, académicos, de empresa, de empadronamiento— tienen su propio tratamiento, más benigno que el resto de documentos públicos u oficiales. El particular que falsifica una certificación de las contempladas en los artículos anteriores incurre en una pena de multa de tres a seis meses (art. 399.1 CP), y la misma pena se aplica a quien usa a sabiendas esa certificación falsa o trafica con ella sin haber intervenido en su falsificación (art. 399.2 CP). Es el caso, por ejemplo, del certificado médico de baja falso presentado ante un empleador, o del título académico falsificado para acceder a un puesto de trabajo.

Casos frecuentes en la práctica

La falsedad documental rara vez llega a los tribunales como un caso de laboratorio. Estos son los supuestos que, por experiencia, generan más consultas:

Nóminas y contratos falsos para alquileres o créditos

Presentar una nómina retocada, un contrato laboral inventado o un certificado de ingresos falso para conseguir un alquiler, una hipoteca o un préstamo personal es, con frecuencia, falsedad en documento mercantil o privado (según quién lo emita) en concurso, además, con un posible delito de estafa si con ello se obtiene un beneficio patrimonial en perjuicio de otro. Es uno de los supuestos que más ha crecido con la dificultad de acceso a la vivienda.

Firmas falsificadas en contratos

Firmar un contrato en nombre de otra persona sin su autorización — un cónyuge, un socio, un familiar — encaja en el supuesto de "suponer la intervención de personas que no la han tenido" del artículo 390.1.3ª CP, con independencia de que el contenido del contrato en sí fuera razonable o beneficioso para el firmante suplantado.

Certificados médicos o académicos falsos

Comprar o fabricar un justificante médico de baja, o un título o certificado de estudios inexistente, encaja en el artículo 399 CP, con pena de multa, salvo que el certificado en cuestión tenga la consideración de documento oficial expedido por organismo público, en cuyo caso puede reconducirse a los artículos 390 o 392.

Alteración de facturas y documentos contables

Modificar importes, fechas o conceptos en facturas o en libros de contabilidad de una empresa es falsedad en documento mercantil, y con frecuencia aparece unida a delitos fiscales o societarios cuando la alteración busca ocultar ingresos o inflar gastos.

Falsedad documental y estafa: cuándo concurren ambos delitos

Es habitual confundir estos dos delitos porque suelen ir de la mano, pero protegen bienes jurídicos distintos. La falsedad documental protege la fe pública y la confianza que la sociedad deposita en los documentos como instrumento de prueba; la estafa protege el patrimonio de una persona concreta frente a un engaño que le causa un perjuicio económico.

Cuando alguien falsifica una nómina para conseguir un préstamo que después no puede devolver, hay dos delitos distintos que, según la jurisprudencia mayoritaria, se castigan en concurso medial (art. 77 CP): la falsedad como medio para cometer la estafa. Esto no significa duplicar mecánicamente las penas, pero sí que el juez puede imponer una pena superior a la que correspondería por cada delito aislado, dentro de ciertos límites legales. Un abogado penalista puede valorar, caso por caso, si realmente concurren ambos delitos o si los hechos encajan solo en uno de ellos — la diferencia puede ser relevante para la estrategia de defensa.

Falsedad documental, cara a cara: tabla comparativa

Antes de entrar en el detalle de qué hacer si le investigan, conviene tener a la vista, de un vistazo, cómo varía la pena según quién comete la falsedad y sobre qué tipo de documento.

Datos contrastados con el texto vigente del Código Penal. Dentro de cada horquilla, la pena concreta depende de las circunstancias del hecho, del tipo de documento afectado y de los antecedentes del acusado; en supuestos que concurren con estafa u otros delitos, la pena final puede resultar de la aplicación de las reglas del concurso.

Por qué la calificación exacta de los hechos es decisiva

• El tipo de documento cambia radicalmente la pena: falsificar una escritura pública no se castiga igual que falsificar un contrato entre particulares, aunque a simple vista ambos "parezcan" documentos importantes.
• Quién lo hace también importa: el mismo hecho tiene distinta pena si lo comete un funcionario en ejercicio de sus funciones o un particular sin cargo público.
• El elemento subjetivo puede ser determinante en documento privado: sin intención de perjudicar a un tercero, no hay delito del artículo 395 CP, aunque el documento se haya alterado objetivamente.
• El conocimiento de la falsedad decide si hay delito de uso: presentar un documento falso sin saber que lo era no encaja en los artículos 393 o 396 CP, aunque acreditar ese desconocimiento requiere una defensa cuidadosa.
• La posible concurrencia con estafa afecta a la pena final: cuando la falsedad es el medio para cometer un engaño patrimonial, la calificación conjunta de los hechos puede endurecer la pena resultante.

Qué hacer si le investigan por falsedad documental

Recibir una citación como investigado, o una notificación de que se ha presentado una denuncia por este delito, genera una alarma comprensible — sobre todo cuando el documento en cuestión parecía, en su momento, una solución razonable a un problema cotidiano. Estas son las pautas esenciales:

• No declare sin abogado, ni ante la policía ni ante el juzgado. Tiene derecho a guardar silencio hasta haber estudiado con su defensa el contenido exacto de la denuncia o del atestado.
• Reúna toda la documentación relacionada con el documento cuestionado desde el original que se alega falsificado hasta cualquier comunicación (correos, mensajes, borradores) que acredite el contexto en que se elaboró o utilizó.
• Analice con su abogado si concurre realmente el elemento subjetivo exigido — intención de perjudicar en el caso de documento privado, o conocimiento de la falsedad en el caso del delito de uso — porque su ausencia puede excluir el delito aunque el documento fuera objetivamente falso.
• No contacte por su cuenta con la otra parte o los testigos para intentar "aclarar" la situación: puede interpretarse como presión o entorpecimiento de la investigación y perjudicar su posición procesal.
• Valore, con asesoramiento, las vías de resolución disponibles — como la conformidad, la reparación del daño o la suspensión de la ejecución de la pena — que en muchos casos de falsedad documental de menor gravedad y sin antecedentes son opciones reales a explorar con su defensa.
• Actúe cuanto antes: cuanto más pronto intervenga un abogado penalista, más margen hay para reunir prueba, valorar la calificación jurídica de los hechos y preparar una declaración meditada, en lugar de reactiva.

Preguntas frecuentes

¿Es delito falsificar una nómina para alquilar un piso?

Sí. Presentar una nómina alterada o inventada ante un arrendador puede constituir falsedad en documento mercantil o privado, según cómo se emita el documento, y con frecuencia concurre con un posible delito de estafa si el propietario firma el contrato basándose en esa información falsa y sufre un perjuicio económico.

¿Firmar por otra persona con su consentimiento verbal es delito?

El tipo penal exige que se atribuya a alguien una intervención o declaración que en realidad no ha tenido. Si existe consentimiento previo real y acreditable, el análisis puede ser distinto, pero conviene no dar por supuesto que "vale con que lo sepa" — la prueba de ese consentimiento, y su alcance exacto, es precisamente lo que se discute en estos procedimientos.

¿Qué pasa si no sabía que el documento que presenté era falso?

Los delitos de uso de documento falso (arts. 393 y 396 CP) exigen actuar "a sabiendas" de la falsedad. Si puede acreditarse que usted desconocía ese hecho, no debería existir responsabilidad penal por el uso, aunque en la práctica demostrar ese desconocimiento requiere una defensa bien preparada.

¿La falsedad documental prescribe?

Sí, como el resto de delitos. El plazo de prescripción depende de la pena máxima prevista para cada modalidad: los supuestos con pena de prisión superior a tres años (como el art. 390 CP) prescriben a los diez años; los que llevan aparejada una pena de prisión de hasta tres años, generalmente a los cinco años; y los que solo prevén multa, en plazos más cortos. El cómputo exacto depende de las circunstancias del caso y de si se ha dirigido el procedimiento contra el investigado.

¿Puedo evitar la cárcel si me condenan por falsedad documental?

Depende de la pena impuesta y de los antecedentes del condenado. En penas de prisión de hasta dos años, sin antecedentes penales relevantes, suele poder solicitarse la suspensión de la ejecución de la pena. En los supuestos más graves del artículo 390 CP, con penas de hasta seis años, esa posibilidad se reduce considerablemente.

¿Falsificar un documento en el extranjero para usarlo en España es delito aquí?

Sí. Tanto el artículo 392.2 CP como el 399.3 CP prevén expresamente que estas disposiciones se aplican aunque el documento o el certificado se haya falsificado, o aparente pertenecer, a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado, si finalmente se utiliza en España.

¿Qué diferencia hay entre falsedad documental y estafa?

La falsedad documental protege la fe pública y la autenticidad de los documentos como instrumento de prueba; la estafa protege el patrimonio de una persona concreta frente a un engaño que le causa un perjuicio económico. Ambos delitos pueden concurrir cuando el documento falso es el medio empleado para conseguir el engaño patrimonial.

Ya sea porque le atribuyen la falsificación de un documento, porque ha usado uno sin saber que era falso, o porque necesita entender qué consecuencias tiene un hecho ya ocurrido, el punto de partida siempre es el mismo: analizar con rigor qué tipo de documento se vio afectado, quién intervino y con qué intención. De ahí depende, en gran medida, si estamos ante una multa o ante una pena de prisión.