Apropiarse o dar una aplicación indebida a patrimonio público conlleva penas de prisión e inhabilitación de largo alcance. La cuantía y la reparación del daño son claves para la estrategia de defensa.
Pedir citaLa malversación castiga a la autoridad o funcionario público que se apropia, para sí o para un tercero, del patrimonio público que administra por razón de su cargo. La pena crece de forma muy significativa según el valor de lo apropiado — superar los 50.000 € o los 250.000 € eleva sustancialmente la pena — pero también existe un tipo atenuado para casos de menor entidad y una rebaja importante si hay reparación íntegra del daño antes del juicio.
| Supuesto | Artículo CP | Pena prevista |
|---|---|---|
| Tipo básico | Art. 432.1 CP | Prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años |
| Agravado (grave daño al servicio, o perjuicio superior a 50.000 €) | Art. 432.2 CP | Prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años |
| Menor entidad (daño no superior a 4.000 €) | Art. 432 ter CP | Prisión de 1 a 2 años, multa e inhabilitación de 1 a 5 años |
| Aplicación pública diferente, con daño grave al servicio | Art. 433 CP | Prisión de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años |
| Con reparación íntegra antes del juicio oral | Art. 434 CP | Pena inferior en 1 o 2 grados |
Datos contrastados con el texto vigente del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, BOE). Las penas concretas dependen siempre de las circunstancias del caso, la valoración judicial y las posibles atenuantes o agravantes; esta tabla es orientativa y no sustituye el análisis individualizado de su expediente.
