Prisión permanente revisable: qué es y para qué delitos se aplica

La prisión permanente revisable es, hoy, la pena más grave que contempla el ordenamiento penal español. Su sola mención suele generar titulares y debate público, pero su régimen jurídico real —a quién se aplica, en qué condiciones y con qué mecanismo de revisión— es bastante más preciso, y también más limitado, de lo que a menudo se transmite. No es una pena de aplicación general ni discrecional: está reservada por ley a un catálogo cerrado de delitos de extrema gravedad, y su ejecución está sometida, desde su propio diseño legal, a un control judicial periódico que la distingue, en sentido técnico, de lo que habitualmente se entiende por cadena perpetua. Este artículo explica, con el rigor que exige una institución tan sensible como esta, qué es la prisión permanente revisable, cuándo se introdujo en nuestro Código Penal, para qué delitos está prevista, cómo funciona su revisión y qué papel desempeña la defensa cuando un procedimiento penal puede desembocar en esta pena.

Qué es la prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable es una pena privativa de libertad de duración indeterminada en su origen, pero sometida por ley a un mecanismo de revisión judicial una vez cumplido un plazo mínimo. El artículo 35 del Código Penal la incluye, junto con la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, entre las penas privativas de libertad; y el artículo 36.1 CP establece expresamente que esta pena "será revisada" conforme a lo dispuesto en el artículo 92 CP. Esa remisión no es un matiz menor: es la que da sentido al propio nombre de la pena y la que articula todo su régimen jurídico, como se explica más adelante.

Antes de la reforma que la introdujo, el Código Penal español no contemplaba ninguna pena de prisión de duración potencialmente indefinida; el límite máximo de cumplimiento efectivo, incluso en los concursos de delitos más graves, se fijaba en años determinados. La prisión permanente revisable rompió con ese modelo al introducir, por primera vez en el Código Penal vigente, una pena sin un límite máximo de cumplimiento prefijado desde el momento de la condena, sustituido por un sistema de revisión periódica que se activa transcurrido un número mínimo de años.

Origen: la reforma de la Ley Orgánica 1/2015

La prisión permanente revisable se introdujo en el ordenamiento penal español mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en el BOE y en vigor desde el 1 de julio de 2015. Se trató de una de las reformas más extensas y también más discutidas de las que ha sufrido el Código Penal desde su aprobación en 1995, y la incorporación de esta nueva pena fue, sin duda, uno de sus elementos más comentados —tanto en el ámbito jurídico como en el debate público y parlamentario, donde generó una notable división de opiniones que, en gran medida, se ha mantenido hasta hoy—.

La exposición de motivos de la reforma justificó la introducción de esta pena por la necesidad de dar una respuesta penal diferenciada a los delitos de extrema gravedad, en los que el legislador consideró insuficiente el límite máximo de cumplimiento efectivo entonces vigente. Al mismo tiempo, el legislador optó expresamente por no configurar una pena de cadena perpetua en sentido estricto, sino por incorporar desde el primer momento un mecanismo de revisión judicial obligatoria, con el fin de —según se argumentó— hacerla compatible con el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad se orienten hacia la reeducación y la reinserción social, recogido en el artículo 25.2 de la Constitución. Esa tensión —entre la excepcional gravedad de la pena y la exigencia constitucional de reinserción— es, precisamente, la que después habría de resolver el Tribunal Constitucional, como se explica en un apartado posterior.

La reforma no se limitó a añadir un artículo aislado: modificó de forma coordinada varios preceptos del Código Penal para dar cabida a la nueva pena dentro del sistema general —las reglas sobre penas privativas de libertad (arts. 35 y 36), el catálogo de delitos a los que se aplica (entre otros, los arts. 140, 485, 605, 607 y 607 bis, y los preceptos relativos a determinados delitos de terrorismo), y el régimen específico de su revisión y de los límites de cumplimiento en caso de concurso de delitos (arts. 92 y 78 bis)—. Se trata, por tanto, de una pena que exige leer varios preceptos de forma conjunta para entender su alcance real, y no solo el artículo que la impone en cada caso concreto.

Para qué delitos está prevista: un catálogo cerrado y excepcional

Uno de los puntos que con más frecuencia genera confusión —alimentada, en ocasiones, por el tratamiento mediático de determinados casos— es pensar que la prisión permanente revisable es una pena de aplicación amplia o que el juez puede imponerla libremente ante cualquier delito que le parezca especialmente grave. No es así. El Código Penal la reserva, de forma tasada, a un número muy limitado de delitos, expresamente enumerados por la ley, sin que quepa su aplicación por analogía a supuestos no previstos. Conviene exponer este catálogo con la máxima prudencia y precisión, ciñéndose estrictamente a lo que la ley contempla, sin ampliarlo ni interpretarlo de forma extensiva.

De acuerdo con el texto vigente del Código Penal, la prisión permanente revisable está prevista, entre otros, para los siguientes supuestos:

• Determinados asesinatos especialmente graves (art. 140.1 CP): el asesinato se castiga con esta pena cuando la víctima sea menor de dieciséis años o una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; o cuando el delito se hubiera cometido por quien perteneciera a un grupo u organización criminal. Estas circunstancias se mencionan aquí únicamente como parte del catálogo legal de delitos a los que la ley asocia esta pena, sin que este artículo entre a desarrollar su contenido.
• Asesinato de más de dos personas (art. 140.2 CP): quien resulte condenado como autor de asesinato por la muerte de más de dos personas será castigado con prisión permanente revisable, con reglas específicas sobre los límites de cumplimiento cuando además concurra alguna de las circunstancias del apartado anterior.
• Homicidio del Jefe del Estado o de su heredero (art. 485.1 CP): el homicidio del Rey, de la Reina, o del Príncipe o Princesa de Asturias, cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, puede llevar aparejada esta pena.
• Homicidio de un Jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida (art. 605.1 CP): supuesto asimilado al anterior, dentro de los delitos contra el derecho de gentes.
• Determinados delitos de genocidio y de lesa humanidad (arts. 607 y 607 bis CP): en sus modalidades más graves, estos delitos —de por sí excepcionales en su aplicación práctica— pueden llevar aparejada esta pena.
• Determinados delitos de terrorismo con resultado de muerte: cuando el delito de terrorismo produzca la muerte de una persona, el Código Penal contempla también, en los supuestos más graves, la prisión permanente revisable.

Fuera de este catálogo tasado, ningún otro delito puede castigarse con prisión permanente revisable, por muy grave que resulte en el caso concreto. Esta es una garantía derivada del principio de legalidad penal: la pena, como el propio delito, debe estar predeterminada por la ley, y su aplicación no puede extenderse a supuestos que el legislador no ha incluido expresamente en el catálogo.

Por qué "revisable" y no cadena perpetua

El calificativo "revisable" no es un adorno terminológico: es el elemento que define jurídicamente esta pena y la distingue de lo que, en sentido estricto, se entiende por cadena perpetua. Una cadena perpetua sin posibilidad de revisión mantendría a la persona condenada en prisión de forma indefinida, sin que exista ningún mecanismo legal que permita reexaminar su situación transcurrido el tiempo. El sistema español, en cambio, incorpora desde el propio diseño de la pena un mecanismo judicial de revisión periódica, regulado en el artículo 92 del Código Penal, que obliga al tribunal a examinar, transcurrido un plazo mínimo de cumplimiento, si procede suspender la ejecución del resto de la condena.

Esta distinción ha sido, precisamente, uno de los argumentos centrales que el legislador y, después, el propio Tribunal Constitucional han empleado para sostener la compatibilidad de esta pena con el mandato constitucional de orientación de las penas hacia la reeducación y la reinserción social. La pena no cierra, desde su imposición, toda posibilidad de excarcelación; lo que hace es someter esa posibilidad a un examen judicial riguroso, motivado y sujeto a plazos, en lugar de dejarla a la discrecionalidad política o administrativa.

Dicho esto, conviene no minimizar el alcance real de la pena: el acceso a la revisión no es automático ni está garantizado por el simple transcurso del tiempo. Es el tribunal quien, valorando de forma individualizada las circunstancias del caso y de la persona penada, decide si concurren los requisitos legales para suspender la ejecución del resto de la condena. Puede, perfectamente, no concederse; y de hecho, la ley prevé expresamente ese escenario, articulando un sistema de revisión periódica posterior, como se explica en el siguiente apartado.

El mecanismo de revisión del artículo 92 del Código Penal

El artículo 92 CP regula, con detalle, los requisitos y el procedimiento para que un tribunal pueda suspender la ejecución del resto de una pena de prisión permanente revisable. Los requisitos esenciales, con carácter general, son estos tres:

• Cumplimiento de un plazo mínimo de condena: con carácter general, veinticinco años, sin perjuicio de los plazos superiores que prevé el artículo 78 bis CP en determinados supuestos de mayor gravedad, como se explica más adelante.
• Clasificación en tercer grado penitenciario: el penado debe estar clasificado en el régimen de semilibertad que constituye el tercer grado del sistema penitenciario español, lo que exige, a su vez, haber acreditado previamente una evolución favorable dentro del centro penitenciario.
• Pronóstico favorable de reinserción social: el tribunal debe valorar, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito y su conducta durante el cumplimiento de la pena, si cabe fundar razonablemente un pronóstico favorable de reinserción.

Cuando la condena se hubiera impuesto por delitos de terrorismo, la ley añade requisitos adicionales y específicos: el penado debe mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, y colaborar activamente con las autoridades, ya sea para impedir la producción de otros delitos, para atenuar los efectos de su delito, para la identificación, captura y procesamiento de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones o asociaciones terroristas.

Si el tribunal concede la suspensión, esta se extiende por un periodo de cinco a diez años, durante el cual el penado queda sujeto a las condiciones y al control judicial propios de la libertad condicional, pudiendo revocarse si incumple de forma grave las condiciones impuestas o comete un nuevo delito. Si, por el contrario, no se concede, la ley no cierra la puerta de forma definitiva: el propio artículo 92 CP obliga al tribunal a verificar el cumplimiento de los requisitos, como mínimo, cada dos años, y siempre que el penado lo solicite una vez transcurrido el plazo mínimo desde la resolución anterior, con intervención en todo caso del Ministerio Fiscal y del propio penado, asistido por su abogado, en una audiencia oral previa a la decisión.

Plazos ampliados: el artículo 78 bis del Código Penal

El plazo mínimo de veinticinco años, que constituye la regla general, no es único ni universal para todos los supuestos castigados con esta pena. El artículo 78 bis del Código Penal contempla plazos de cumplimiento superiores en función de la concurrencia de varios delitos —cuando uno de ellos está castigado con prisión permanente revisable y los demás suman penas de considerable extensión, o cuando concurren dos o más delitos castigados con esta misma pena— y, con exigencias todavía mayores, en el caso de delitos de terrorismo. Estos plazos ampliados pueden situarse, según el supuesto concreto y la naturaleza de los delitos concurrentes, muy por encima de los veinticinco años, hasta acercarse a los treinta o incluso superarlos en los casos de mayor gravedad. Dado que se trata de un régimen especialmente técnico y sujeto a distintas combinaciones normativas, el plazo exacto que resulte aplicable a un caso concreto debe determinarse siempre sobre la condena efectivamente impuesta, y no a partir de reglas generales aproximadas.

Tabla resumen: plazo, requisitos y consecuencia

A modo de síntesis, esta tabla recoge los elementos esenciales del régimen de revisión de la prisión permanente revisable conforme al artículo 92 del Código Penal.

Datos contrastados sobre el texto vigente de los artículos 92 y 78 bis del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015. El plazo concreto y los requisitos exigibles a cada caso deben verificarse sobre la resolución judicial correspondiente, dado que pueden variar en función del número y la naturaleza de los delitos por los que se hubiera impuesto la condena.

El debate sobre su constitucionalidad

Desde su introducción, la prisión permanente revisable ha sido objeto de un intenso debate jurídico y doctrinal sobre su encaje constitucional, centrado sobre todo en su compatibilidad con el mandato del artículo 25.2 de la Constitución, que orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social. Ese debate llegó formalmente al Tribunal Constitucional a través de un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la reforma.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 169/2021, de 6 de octubre, dictada por el Pleno, resolvió ese recurso declarando que la prisión permanente revisable es conforme a la Constitución, al entender —de forma resumida— que el mecanismo de revisión periódica que la acompaña la distingue de una pena de cumplimiento íntegro e indefinido y la hace compatible con las exigencias constitucionales. La sentencia no fue, en todo caso, unánime: contó con votos particulares discrepantes de varios magistrados, lo que refleja que el debate jurídico de fondo sobre esta pena no quedó cerrado por completo con el pronunciamiento del alto tribunal, aunque sí quedó resuelta, con efectos vinculantes, la cuestión de su constitucionalidad.

Este artículo se limita a dejar constancia, con la debida prudencia y sin tomar partido en el debate de fondo, de que existe este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de su sentido general; no es su propósito entrar a valorar los argumentos doctrinales, políticos o criminológicos que rodean a esta institución, que exceden con mucho el alcance divulgativo de estas líneas.

El papel de la defensa en un procedimiento con esta pena aparejada

Cuando un procedimiento penal se sigue por hechos que, de acreditarse en los términos de la acusación, podrían llevar aparejada la prisión permanente revisable, la intervención de una defensa técnica sólida adquiere una importancia especialmente relevante, y debe producirse desde las primeras diligencias de la investigación, no solo en el momento del juicio oral.

Algunas de las cuestiones sobre las que se proyecta habitualmente la estrategia de defensa en estos procedimientos son las siguientes:

• La valoración de la prueba de cargo: en delitos de esta gravedad, la solidez de la prueba —testifical, pericial, indiciaria— es objeto de un escrutinio especialmente exigente, y cualquier debilidad probatoria puede resultar determinante para el resultado final del procedimiento.
• La calificación jurídica de los hechos: discutir si concurre realmente alguna de las circunstancias que, conforme al artículo 140 CP u otro precepto aplicable, elevan la pena hasta la prisión permanente revisable, frente a calificaciones alternativas que prevén penas de prisión de duración determinada, es con frecuencia uno de los ejes centrales de la defensa.
• Las circunstancias modificativas de la responsabilidad: la concurrencia de eximentes, atenuantes o, en su caso, agravantes puede incidir de forma decisiva en la pena finalmente impuesta, dentro del margen que la ley permite en cada caso.
• La estrategia procesal a lo largo de todo el procedimiento: desde la declaración como investigado hasta los recursos frente a la sentencia, pasando por la fase de instrucción, cada actuación puede tener repercusión directa sobre el resultado final, lo que exige una defensa activa y planificada desde el primer momento.

No cabe prometer ni garantizar un resultado concreto en procedimientos de esta naturaleza y gravedad: cada caso depende de sus propias circunstancias, de la prueba practicada y de la valoración que finalmente haga el tribunal. Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que, dada la trascendencia de lo que está en juego, contar con asesoramiento penal especializado desde el primer momento —y no solo cuando el procedimiento ya está avanzado— es una decisión que puede condicionar de forma determinante las opciones reales de defensa.

Preguntas frecuentes

¿La prisión permanente revisable es lo mismo que una cadena perpetua?

No, al menos no en el sentido estricto que suele darse a esa expresión. Una cadena perpetua sin posibilidad de revisión condenaría a la persona a permanecer en prisión de por vida sin ningún mecanismo legal para salir de ella. La prisión permanente revisable, en cambio, incorpora desde su propia denominación un mecanismo judicial de revisión periódica: transcurrido un plazo mínimo de cumplimiento, un tribunal debe examinar si procede suspender la ejecución del resto de la condena. Es, con todo, la pena más grave del ordenamiento penal español, y su acceso a la revisión no está ni mucho menos garantizado.

¿Cuánto tiempo hay que cumplir antes de poder acceder a la revisión?

Con carácter general, el artículo 92 del Código Penal exige el cumplimiento de veinticinco años de condena antes de que el tribunal pueda siquiera valorar la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Ese plazo se eleva en determinados supuestos de mayor gravedad —cuando concurren varios delitos, alguno de ellos también castigado con esta pena, o cuando se trata de delitos de terrorismo—, conforme a las reglas del artículo 78 bis del Código Penal, que prevé periodos de cumplimiento superiores. El plazo exacto aplicable a cada caso debe verificarse sobre las circunstancias concretas de la condena.

¿Qué valora el tribunal para conceder la revisión?

El artículo 92 CP exige, entre otros requisitos, que el penado esté clasificado en tercer grado penitenciario y que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos afectados y su conducta durante el cumplimiento de la pena, pueda fundar un pronóstico favorable de reinserción social. En los delitos de terrorismo se exigen, además, requisitos específicos, como mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y colaborar activamente con las autoridades.

¿Es constitucional la prisión permanente revisable?

Sí. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 169/2021, de 6 de octubre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra esta pena y la declaró conforme a la Constitución, si bien la resolución no fue unánime y contó con votos particulares discrepantes de varios magistrados. El debate doctrinal sobre su fundamento y su aplicación práctica ha seguido abierto tras la sentencia.

¿Para qué delitos está prevista esta pena?

El Código Penal la reserva a un catálogo cerrado y muy limitado de delitos de extrema gravedad: determinados asesinatos especialmente cualificados del artículo 140 CP, el homicidio del Jefe del Estado o de su heredero en determinadas circunstancias, el homicidio de un Jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida, algunos delitos de genocidio y de lesa humanidad, y determinados delitos de terrorismo con resultado de muerte. No se aplica, fuera de este catálogo tasado, a ningún otro tipo delictivo.

¿Qué ocurre si el tribunal no concede la suspensión la primera vez que se solicita?

La denegación no cierra definitivamente la puerta. El propio artículo 92 CP prevé un mecanismo de revisión periódica: si no se concede la suspensión, el tribunal debe volver a examinar el cumplimiento de los requisitos al menos cada dos años, y siempre que lo solicite el penado, transcurrido el plazo mínimo desde la resolución anterior. La denegación en un momento dado no equivale, por tanto, a una denegación permanente.

¿Puede una persona condenada a prisión permanente revisable quedar en libertad definitivamente?

Sí, si se cumplen los requisitos legales. Si se concede la suspensión, esta se extiende por un periodo de cinco a diez años durante el cual el penado queda sujeto a condiciones y control judicial; si transcurre ese periodo sin que se revoque la suspensión, la pena se tiene por extinguida. No es, por tanto, una excarcelación automática ni una decisión discrecional o política: es una decisión judicial motivada, sujeta a control y siempre condicionada al cumplimiento de los requisitos legales.

¿Qué papel tiene la defensa cuando el delito imputado lleva aparejada esta pena?

Un papel decisivo desde el primer momento del procedimiento. Tratándose de la pena más grave del ordenamiento, la estrategia de defensa —desde la valoración de la prueba de cargo hasta la discusión sobre si concurre realmente alguna de las circunstancias tasadas del artículo 140 CP u otro precepto aplicable— puede determinar que la calificación jurídica final sea la de asesinato con esta pena aparejada o la de un delito de menor gravedad. Contar con asistencia letrada especializada desde las primeras diligencias es, en estos procedimientos, especialmente importante.

La prisión permanente revisable es, por diseño legal, una institución de equilibrio: reserva la respuesta penal más severa del ordenamiento para el catálogo más excepcional de delitos, y al mismo tiempo incorpora, desde su propia denominación, un mecanismo de revisión judicial que la distingue de la cadena perpetua en sentido estricto. Comprender con precisión su alcance real —a qué delitos se aplica, qué plazos exige y qué valora el tribunal en la revisión— es imprescindible tanto para quienes se enfrentan, directa o indirectamente, a un procedimiento de esta naturaleza, como para cualquier análisis riguroso de una institución que, por su propia gravedad, no admite ni exageraciones ni simplificaciones.